Más de 60 ONGs exigen cerrar la Conasami
NOTICIAS | | 2018-09-27 | Agencias
Más de 60 organizaciones insistieron en que la Conasami, encargada de fijar el salario mínimo en México, debe desaparecer y reemplazarla por un nuevo órgano en donde participen trabajadores y representantes de los empresarios y de la sociedad civil organizada.
A la Conasami, calificada por las organizaciones como “ostentosa e inútil”, se le ha criticado también por su opacidad en cuanto a los informes con los que dice fija el salario y por la perpetuidad de su presidente, Basilio González Núñez, quien es el funcionario más vetusto en su puesto del país y percibe como salario al mes 173 mil 620 pesos brutos, lo que un trabajador con el mínimo alcanzaría sólo si laborara mil 486 días.
Ciudad de México, 27 Sep, (Agencias).– Más de 60 organizaciones civiles agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza insistieron en la necesidad de incrementar el salario mínimo en México por encima de la línea de bienestar y propusieron reemplazar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), a la que calificaron como “onerosa e inútil”.
En lugar de la Conasami, las organizaciones firmantes solicitaron una comisión honoraria que cada año se reúna para fijar el salario mínimo con criterio constitucional y con base en los datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).
Además del Coneval, Inegi y Banxico, proponen que en esta nueva comisión también participen trabajadores y representantes de los empresarios y de la sociedad civil organizada.
“La nueva Comisión deberá presentar en un plazo corto un plan que permita la recuperación gradual del poder adquisitivo del salario de los trabajadores”, demandaron.
La crisis salarial que vive la clase trabajadora en México es una realidad y ha puesto en el blanco al órgano encargado de fijar año con año el salario mínimo: la Conasami que, de acuerdo con lo expuesto por líderes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podría tener las horas contadas, de cara al próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante los últimos tres años, la sociedad civil ha insistido en que esa entidad debe desaparecer. Se le ha criticado su opacidad en cuanto a los informes con los que dice fija el salario; también la perpetuidad de su presidente, Basilio González Núñez, quien es el funcionario más vetusto (desde 1991) en un puesto y percibe como salario al mes 173 mil 620 pesos brutos, lo que un trabajador con el mínimo alcanzaría sólo si laborara mil 486 días.
La polémica Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un “organismo público descentralizado”, pero depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS). Se creó luego de la reforma al artículo 123 constitucional en la década de los 60, del siglo pasado.
Su objetivo principal, de acuerdo con la Ley, “es fijar los salarios mínimos con congruencia entre lo que establece la Constitución con las condiciones económicas y sociales de México, cuidando la equidad entre los factores de la producción, así como el respeto a la dignidad del trabajador y su familia”.
La Conasami recibió un presupuesto de 238 millones 583 mil 833 pesos de 2013 a 2018, de los cuales el 64.8 por ciento lo utilizó para “Gastos Personales”, y el resto se destinó para “Gastos de Operación”.
De acuerdo con las Cuentas Públicas, la Conasami destinó, de 2013 a 2017, 154 millones 741 mil 814 pesos a gastos personales y sólo 38 millones 676 mil 833 pesos a gastos de operación. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) el directorio de la Conasam está conformado por 23 personas.
El presupuesto de la Comisión se mantuvo estable durante toda la administración de Enrique Peña Nieto, a pesar de ser, desde al menos los últimos tres años, un organismo del que se exige su desaparición: en 2013 recibió 40 millones 545 mil 860 pesos y para 2018, quedó con 39 millones 615 mil 367 pesos.
Frente a la Pobreza y el y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) hicieron un llamado a los legisladores y dirigentes de los partidos para actuar con responsabilidad frente a la impostergable tarea de superar la pobreza y la desigualdad que requiere acciones concertadas, prudentes, en compás con la evolución de otras variables económicas.
“Reiteramos la crítica al actual gobierno que se ha negado a aumentar el salario mínimo argumentando que se desbocaría la inflación y ahora su partido, el PRI, adopta una posición irresponsable, lo que parece ser un intento de boicotear el proceso y trabarlo”, advirtieron.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática informaron también que solicitaron formalmente que se realice una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el salario mínimo en México, porque el monto fijado por el Estado mexicano representa una violación de derechos humanos.
“Esta solicitud está respaldada por organizaciones sociales, académicas y personalidades públicas”, mencionaron.
Esta solicitud de audiencia de carácter general fue presentada para el próximo periodo de sesiones de la CIDH (170), a desarrollarse entre el 3 y el 7 de diciembre de 2018 en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
En lugar de la Conasami, las organizaciones firmantes solicitaron una comisión honoraria que cada año se reúna para fijar el salario mínimo con criterio constitucional y con base en los datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).
Además del Coneval, Inegi y Banxico, proponen que en esta nueva comisión también participen trabajadores y representantes de los empresarios y de la sociedad civil organizada.
“La nueva Comisión deberá presentar en un plazo corto un plan que permita la recuperación gradual del poder adquisitivo del salario de los trabajadores”, demandaron.
La crisis salarial que vive la clase trabajadora en México es una realidad y ha puesto en el blanco al órgano encargado de fijar año con año el salario mínimo: la Conasami que, de acuerdo con lo expuesto por líderes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podría tener las horas contadas, de cara al próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante los últimos tres años, la sociedad civil ha insistido en que esa entidad debe desaparecer. Se le ha criticado su opacidad en cuanto a los informes con los que dice fija el salario; también la perpetuidad de su presidente, Basilio González Núñez, quien es el funcionario más vetusto (desde 1991) en un puesto y percibe como salario al mes 173 mil 620 pesos brutos, lo que un trabajador con el mínimo alcanzaría sólo si laborara mil 486 días.
La polémica Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un “organismo público descentralizado”, pero depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS). Se creó luego de la reforma al artículo 123 constitucional en la década de los 60, del siglo pasado.
Su objetivo principal, de acuerdo con la Ley, “es fijar los salarios mínimos con congruencia entre lo que establece la Constitución con las condiciones económicas y sociales de México, cuidando la equidad entre los factores de la producción, así como el respeto a la dignidad del trabajador y su familia”.
La Conasami recibió un presupuesto de 238 millones 583 mil 833 pesos de 2013 a 2018, de los cuales el 64.8 por ciento lo utilizó para “Gastos Personales”, y el resto se destinó para “Gastos de Operación”.
De acuerdo con las Cuentas Públicas, la Conasami destinó, de 2013 a 2017, 154 millones 741 mil 814 pesos a gastos personales y sólo 38 millones 676 mil 833 pesos a gastos de operación. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) el directorio de la Conasam está conformado por 23 personas.
El presupuesto de la Comisión se mantuvo estable durante toda la administración de Enrique Peña Nieto, a pesar de ser, desde al menos los últimos tres años, un organismo del que se exige su desaparición: en 2013 recibió 40 millones 545 mil 860 pesos y para 2018, quedó con 39 millones 615 mil 367 pesos.
Frente a la Pobreza y el y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) hicieron un llamado a los legisladores y dirigentes de los partidos para actuar con responsabilidad frente a la impostergable tarea de superar la pobreza y la desigualdad que requiere acciones concertadas, prudentes, en compás con la evolución de otras variables económicas.
“Reiteramos la crítica al actual gobierno que se ha negado a aumentar el salario mínimo argumentando que se desbocaría la inflación y ahora su partido, el PRI, adopta una posición irresponsable, lo que parece ser un intento de boicotear el proceso y trabarlo”, advirtieron.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática informaron también que solicitaron formalmente que se realice una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el salario mínimo en México, porque el monto fijado por el Estado mexicano representa una violación de derechos humanos.
“Esta solicitud está respaldada por organizaciones sociales, académicas y personalidades públicas”, mencionaron.
Esta solicitud de audiencia de carácter general fue presentada para el próximo periodo de sesiones de la CIDH (170), a desarrollarse entre el 3 y el 7 de diciembre de 2018 en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
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